En el supuesto de que se declarara inconstitucional, podría significar la devolución de las liquidaciones de los tres últimos años fiscales.
Los principales cambios de la Ley de Presupuestos de 2021 fue el incremento del tipo máximo al 3.5%, el hecho de establecer un carácter permanente, antes temporal y sujeto a prórrogas anuales y, además, la eliminación de la aplicación de una bonificación del 100%.
El Tribunal Constitucional podría invalidar el Impuesto sobre el Patrimonio, por existir indicios de vulnerar los principios de reserva de ley y capacidad económica de la Constitución Española.
La máxima instancia judicial debe emitir un pronunciamiento y si la sentencia lo declara inconstitucional, afectaría a los contribuyentes con un patrimonio personal superior a 700,000 euros.
La recaudación neta de este impuesto fue de 1.352 millones de euros en 2021 y 1.203 millones de euros en 2022 y todavía habría que sumar las liquidaciones del ejercicio fiscal de 2023.